Profesionales de la
Información y Documentación

Samuel Bonilla Núñez es activista del derecho de acceso a la información pública en San Luis Potosí (México). Impulsa el programa “Transparencia para Todos” (TpT) a través de talleres de Formación de Usuarios y Facilitadores para el Aprovechamiento Popular del Derecho de Acceso a la Información Pública. TpT pretende habilitar a las bibliotecas, a los centros comunitarios digitales y a cibercafés como puntos de orientación, asesoría y gestoría para el aprovechamiento del DAIP por parte de integrantes de sectores marginados.
¿Cuáles son en su opinión los beneficios de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública?
Muchos. Apenas estamos descubriendo los alcances de la utilidad social de este nuevo derecho. Sus aportaciones pueden ubicarse en el ámbito académico-escolar, en el periodístico, en los negocios, en el campo político, en el legal, en el comunitario. Se trata de un derecho instrumental que puede servir para ejercer otros derechos, sociales, económicos, políticos; e impactar favorablemente en la calidad de vida de las personas. No hay peor estado de indefensión social que la ignorancia.
¿Entonces, por qué parece tan difícil el camino hacia la Transparencia y el Acceso a la Información Pública?
En parte por lo que acabo de mencionar. El DAIP (derecho de acceso a la información pública) empodera a las personas, a los ciudadanos, a los gobernados; y les permita cierta forma de interlocución con el poder público. En países con leyes de transparencia que incluyen sanciones, esa interlocución puede alcanzar niveles significativos.
Por otra parte, es un derecho que va a contracorriente de los usos y costumbres de la función pública tradicional. El DAIP viene a romper o, al menos, a desafiar viejos y arraigados esquemas administrativos en la función pública, por ello su ejercicio y aplicación no siempre es fácil a pesar de que sea un derecho plenamente reconocido en alguna ley.
La Fundación Ciencias de la Documentación ha puesto en marcha un proyecto internacional, denominado Información para el Cambio Ciudadano que pretende, entre otras cosas, concienciar a los poderes políticos de la importancia de contar con ciudadanos "informados" para que desde su conocimiento puedan generar una transformación social personal y nacional. ¿En su opinión, cómo puede la información construir sociedad y mejor democracia?
El reto es lograr que los ciudadanos estemos interesados y podamos transformar información pertinente en conocimiento con aplicaciones prácticas. Necesitamos aprender a utilizar conscientemente la información como un insumo para la toma de decisiones ciudadanas, comunitarias. Y aprender que la calidad de la información incide en la calidad de las decisiones. Necesitamos descubrir las formas en que la información nos permite comprender los asuntos públicos y nos faculta para involucrarnos en ellos e incidir en decisiones públicas.
Pero, ¿realmente interesa a los poderes públicos contar con ciudadanos "informados" que sepan extraer sus conclusiones de las informaciones recibidas?, y en este mismo orden de cosas ¿existe libertad de los ciudadanos para informar y estar informados de forma plural e independiente?
Los gobiernos inteligentes y con la suficiente sensibilidad social desde luego que pueden comprender las ventajas que representa contar con ciudadanos bien informados, y los riesgos y costos de lo contrario. Un ciudadano bien informado puede ser el mejor aliado de un gobierno comprometido con la eficiencia y el combate a la corrupción.
Sin embargo, lo ordinario es que los poderes públicos se resistan a entregar información al ciudadano, y para ello suelen poner diversos tipos de obstáculos. Una forma eficaz de desincentivar la participación ciudadana es ocultando información del conocimiento público.
Es clara la diferencia de intentar acceder a información en poder del gobierno en países que cuentan con una buena ley de transparencia y acceso a la información pública que hacerlo en otros que no tienen ley de este tipo.
Otro problema para crear un cambio ciudadano desde la información radica en que cada vez existe mayor cantidad de información, en distintos soportes, formatos y fuentes, lo que unido a un ritmo de vida cada vez más acelerado provoca en los individuos una sensación de "angustia informacional". Para solucionarlo los estados deben plantear políticas de "alfabetización de la información" en todos los estadios de la educación de las personas. ¿En su opinión, qué puntos deberían cubrir estas políticas de "alfabetización informacional"?
Esas políticas debieran incluir el desarrollo de competencias para detectar nuestras necesidades informativas y acceder a las fuentes adecuadas para satisfacerlas. Por ejemplo, en México existen sistemas electrónicos de solicitudes de información que muy poca gente utiliza.
También es necesario simplificar (ciudadanizar) el lenguaje de la función pública, y por otra parte desarrollar la capacidad para interpretar y comprender ese lenguaje. Durante un taller de formación de usuarios del DAIP, una de las alumnas interpuso una queja ante el órgano garante porque una autoridad municipal le había negado cierta información. Cuando ella recibió la resolución sobre ese caso leyó las ocho páginas, las volvió a leer, y luego preguntó al grupo “¿qué quiere decir esto, me van a dar la información o no?”
La alfabetización informacional debe ser complementada con la enseñanza de cómo utilizar la información. Una cosa es obtener la información que uno busca, y otra es cómo utilizarla para alcanzar un beneficio personal o colectivo.
Pero no sólo el aspecto educativo debe ser considerado, sino también la disponibilidad de los medios técnicos o económicos necesarios para estar en condiciones de acceder a la información. En México más del 96% de las 550,000 solicitudes que se han formulado a la administración pública federal han sido presentadas por Internet. El promedio de solicitudes anuales presentadas en papel no llega a las 4,000. El ejercicio del DAIP en México está concentrado en un sector privilegiado.
Es en este punto donde las bibliotecas, sobre todo las públicas, pueden llegar a desempeñar un rol estratégico para popularizar el ejercicio del DAIP.
¿Qué rol juegan los profesionales de la información y documentación en este cambio social desde la información?
Un rol fundamental. Se trata de auténticos o potenciales agentes de cambio. Se espera que sean ellos los primeros en estar sensibilizados sobre el valor social de la información y conscientes del rol estratégico que pueden desempeñar en beneficio de su comunidad. En este punto también hay inercias que romper, costumbres que cambiar, zonas de confort que abandonar para asumir un compromiso social.
Muchas gracias por sus respuestas, ¿alguna cosa más que quisiera contarnos para terminar o responder alguna pregunta que no le hayamos realizado?
Sugiero que desde la Fundación Ciencias de la Documentación emprendamos la elaboración de un estudio de buenas prácticas sobre los temas abordados en este cuestionario. Así podríamos identificar referentes que contribuyan o faciliten el avance en este campo. Por ejemplo, la Asamblea General de la OEA recién ha ratificado la Ley Modelo Interamericana Acceso a la Información Pública, la cual establece los estándares mínimos para implementar leyes de acceso a la información en el continente americano. Además, avaló la Guía para la Implementación de la Ley.
Agradezco a la Fundación la oportunidad de compartir estos puntos de vista.
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