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Viceministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (BOLIVIA)

El tema del acceso ciudadano a la información forma parte de la agenda política impulsada por la Administración del Presidente Evo Morales Ayma, elegido con el 54% de los votos en diciembre de 2005. La importancia del acceso a la información pública está estrechamente relacionada con la necesidad de transparentar los actos de la Administración Pública. Los mensajes más simbólicos y significativos al respecto se traducen en la eliminación de los gastos reservados de las altas autoridades de Gobierno, la lucha frontal contra la corrupción, expresada en el proyecto de Ley de Investigación de fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz [1]” y en el proyecto de Ley de Lucha contra la Corrupción y Acceso a la Información Pública, entendida esta como un derecho ciudadano irrenunciable. Y, por supuesto, el Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Archivos, sancionado por el Congreso Nacional de Archivos Bolivianos de 2007.

Nardi Suxo, abogada, con sólida formación en el ámbito de la defensa de los Derechos Humanos, con amplia experiencia en el trabajo con la sociedad civil y su reracionamiento con entidades del Gobierno central, Poder Legislativo y Judicial. Trabaja desde hace largos años en el tema de lucha contra la corrupción y el acceso a la información pública. Destacan sus esfuerzos para incorporar la cultura de la transparencia en la administración del Estado, tanto en su labor profesional, como en su desempeño como delegada del Centro Carter, institución que dirige el expresidente Jimmy Carter de los EE.UU, desde Atlanta (Georgia).

Hoy como Viceministra del Despacho de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, el trabajo se le ha hecho cuesta arriba, con una incomprensible y férrea oposición del gremio de periodistas, que temen perder ciertos derechos en lo que refiere al secreto de imprenta y a preservar la fuente.

Dialogar y debatir con la Viceministra Nardi Suxo, se torna a ratos apasionante y la conversación puede extenderse por horas. Es una experiencia muy particular, porque estamos ante una mujer con compromiso por el cambio social, se trata de una profesional que conoce su trabajo que tiene conciencia de su rol, en el desafío de construir una sociedad más justa, inclusiva y solidaria.

Luis Oporto.-Viceministra usted ha trabajado estrechamente con el tema de acceso a la información en el pasado, ¿cómo es que una abogada se incorpora a este debate sin ser periodista o archivista?

Nardi Suxo.- Porque, primero este es un derecho que no solo incumbe a los periodistas o a los archivistas, incumbe a todos los ciudadanas y ciudadanos bolivianos y bolivianas. No es un tema que si bien con el rótulo de acceso a la información, signifique que esté únicamente relacionado con periodistas o comunicadores, está por supuesto relacionado con todos, por ejemplo, la señora que vende dulces en la esquina de mi oficina, ella tiene todo el derecho a saber a acceder a la información publica.

LOO.- Precisamente vemos que la visión de los abogados difiere en gran medida de la de los archivistas, investigadores de la ciencia y periodistas. En su criterio ¿cuáles serian esas diferencias?

NS.- Yo creo que los abogados tienen un punto de vista muy legalista, por ejemplo que hay cierta información que no hay que darla a conocer sobre todo en temas que tienen que ver fundamentalmente, con procesos judiciales. Los abogados, jueces, fiscales tienen un criterio en ese sentido y muchas veces no se nos da la información dentro del poder judicial por ejemplo: de fallos, de sentencias, a pesar que son importantes para que la ciudadanía conozca. Quiero mencionar que en muchos casos los abogados piensan que el derecho de acceso a la información publica puede ser más bien un derecho que vulnere derechos humanos, al querer conocer y tener información sobre aspectos que tienen que ver fundamentalmente en temas de procesos.

Por otro lado, creemos que cuanto más transparente se haga una institución, un poder del Estado, por supuesto va ser más fácil para ellos recuperar la confianza del ciudadano y de la ciudadana.

LOO.- El secretismo que ha mencionado usted ha sido una constante en la tradicional forma de hacer política en nuestro país de tal manera que los temas delicados se resolvían en el marco de la reserva y secreto es decir como señala la voz popular “entre gallos y media noche” ¿ha cambiado esa actitud en la clase política o sigue exactamente igual?

NS.- Todavía tenemos la cultura del secreto pero también hay que relevar algo. El presidente Evo Morales en realidad es el único presidente que ha transparentado su gestión; no nos olvidemos que fue el primer presidente, el único presidente que ha entregado los contratos petroleros [2] al Congreso Nacional, precisamente en una actitud de transparentación. Por otro lado, no olvidemos que en este gobierno lo primero que estamos haciendo es trabajar en una política pública de transparencia y acceso a la información Pública. Ya tenemos una política que la hemos construido con los ciudadanos y ciudadanas que tienen que ver con la lucha contra la corrupción y la transparencia y el acceso a la información publica.

LOO.- Otro aspecto que está trabajando desde hace tiempo en su despacho es precisamente el proyecto de Ley de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública ¿cuál es su estado de avance, y en segundo lugar, cuáles serán las razones por las que los periodistas profesionales tienen reparos a este proyecto de ley?

NS.- Yo quiero decir que este proyecto de ley que ya ha sido discutido, ha sido socializado con diferentes sectores, sobre todo y fundamentalmente también con los propios servidores públicos que son los que tienen que dar la información; también con las organizaciones sociales, con movimientos sociales, con organizaciones de la sociedad civil. En este proceso todos por supuesto, han aportado para tener un proyecto de ley más o menos consensuado. Ya ha sido remitido a conocimiento del Presidente de la República y en este momento ha sido emitido un informe favorable de parte del CONAPE [3], sin embargo aun no ha sido remitido al Congreso Nacional, precisamente para intentar ponernos de acuerdo con los gremios de los periodistas y no solo con sus organizaciones, como por ejemplo la Asociación de la Prensa, porque ellos ya están discutiendo este tema; tengo entendido que han estado promoviendo eventos, diferentes eventos para la discusión de este proyecto.

Pero sí, todavía hay que discutir esto con los gremios de los periodistas quienes tienen observaciones, fundamentalmente al art. 18 del proyecto del ley, que se refiere al tema de las excepciones; y al referimos a las excepciones hablamos del tema que tiene que ver por supuesto con la vida íntima de las personas; y por otro lado también con el tema que tiene que ver con la seguridad del Estado.

Esos son temas que hay que seguir discutiendo. Yo creo que hay una oposición de parte de los periodistas debido fundamentalmente a que ellos estaban esperando que se apruebe la nueva Constitución por la Asamblea Constituyente, que ya aprobó el texto de la nueva Constitución, en la que se señala y establece como un derecho básico, un derecho fundamental, el acceso a la información. Entonces esperamos que ya habiendo sido aprobado la constitución con estos términos, los periodistas puedan también dejar de lado esta oposición y puedan trabajar en ello.

LOO.- Sin embargo la limitación de acceso a la información de todas maneras es privativo de los poderes del Estado, es decir la reserva de la información necesariamente debe existir en un país, ¿en qué casos debe aplicarse este extremo, cree usted que puede ser usado este recurso por un administrador con fines poco transparentes?

NS.- Claro, tenemos que entender que toda la información que se tiene en los tres poderes del Estado siempre es pública, esa información siempre va pertenecer a los ciudadanos. Lo que es evidente es que hay momentos en los cuales se tiene que proteger esa información, por ejemplo cuando tiene que ver con temas de seguridad del Estado (fundamentalmente), pero después de 10 años esa información puede ser ya pública, puede ser difundida, y no es que la información va quedar por siempre en el secreto. Está este procedimiento contemplado en el proyecto de Ley.

Hay información por supuesto que debe cumplir ciertos plazos para ser publica, por supuesto que en toda buena ley de Acceso a la Información tiene que haber excepciones, eso es innegable. Por ejemplo, en mi condición soy servidora pública, si voy a un hospital público, a hacerme análisis de sangre, el hecho de que yo sea servidora pública, el hecho de que yo vaya a un hospital público, no significa que los resultados de mi análisis de sangre los tenga que conocer todo el mundo, pues es un tema privativo de mi persona; entonces eso, por ejemplo, por supuesto en todo caso tiene que estar protegido. Siempre tienen que haber excepciones a la ley, sin embargo tengo la posición de que esas excepciones tienen que estar muy bien reglamentadas, para que no todo sea sometido a una excepción. Había también una gran discusión sobre el tema de los gastos reservados [4]; no olvidemos que en esta gestión de gobierno es que se anulan los famosos gastos reservados.

Entonces considero que ya no hay porque seguir oponiéndose a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica.

LOO.- ¿Podría ser este recurso de la reserva, ser usado con fines poco transparentes, por algún administrador venal?

NS.- Podría ser. Yo quiero decirle que en algunos casos, por ejemplo, hay autoridades que nos niegan la información, utilizando ello, diciendo “no podemos dar esa información, porque es una información solo para esta entidad del Estado y que no puede ser difundida”.

LOO.- Volviendo al proyecto de ley, que nosotros consideramos muy importante, el ciudadano de a pie -hombre o mujer- generalmente está marginado del derecho de Acceso a la Información Publica ¿cuáles son los principios fundamentales que incorpora este proyecto de ley para garantizar ese derecho?

NS.- Fundamentalmente la gratuidad, la oportunidad, que sea información clara, que sea información accesible y asequible (no puede ser una información técnica), pero también que sea una información que vaya a responder la inquietud del que está solicitando esta información Yo recuerdo una experiencia de hace muchos años, cuando pedíamos información con el tema de la capitalización [5], como abogada de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, nos remitieron al jefe de archivos del Ministerio sin Cartera de Capitalización, que nos mostró una habitación llena de documentos, la mayoría redactados en ingles, y que -claro, no estaban organizados ni ordenados-, entonces dígame ¿como se podía tener acceso a esa información?, no hubiera terminado de revisarla ni en 10 años y además tendría que tener un traductor porque había muchos documentos en ingles.

LOO.- Este principio de la gratuidad, que ya esta mencionada en la ley 2341 y su decreto reglamentario [6], sin embargo tropiezan con nuestra realidad, y en esta realidad muchas instituciones han aplicado formularios de diversa naturaleza para diversos trámites a los cuales han gravado económicamente, a pesar que está directamente relacionado con el acceso a la información de los propios registros de los ciudadanos (por ejemplo registros de derechos Reales, identificación nacional o los de la Universidad), y para poder acceder a una copia deben pagar por estos formularios ¿cómo enfoca el tema de la gratuidad con estos obstáculos?

NS.- Toda información debe ser dada de manera gratuita, no es posible que el ciudadano, que tiene derecho a su información, tenga que erogar gastos; ahora, si esta persona quiere 100 copias, por ejemplo de sus datos en el registro electoral, bueno tendrá que pagar por el costo de las copias, pero una del principal documento tendrá que ser entregada en forma gratuita.

Un tema que yo quiero aprovechar en esta pregunta es la falta de organización de los archivos, mire en el trabajo que yo hice antes de ser viceministro, pude visitar varias instituciones públicas para pedir que me muestren los archivos que tienen. Yo recuerdo mucho el Ministerio de Vivienda donde encontré los expedientes amontonados y recuerdo que había un horrible olor a gato, entonces preguntamos a qué se debía, incluso se dijo que si ahí vivían dos gatos para evitar que los ratones se coman los papeles! También visite el archivo del Ministerio de Gobierno donde tenían un archivo maravilloso, pero se trataba de periódicos, y no de la información que la gente necesitaba tener o necesitaba tener.

En realidad yo creo que al archivo le dan muy poca importancia, ese es un tema que hay que trabajar, es un tema que es fundamental si queremos tener acceso a la información. Ahora mismo cuando nosotros pedimos alguna información sobre algún dato que necesitamos en este Viceministerio para poder hacer algún cruce de información de una denuncia de acto de corrupción, no se tiene archivos de las notas recibidas ni de las notas remitidas, hay un desorden. Si tenemos una Ley de Transparencia y Acceso a la información Publica, también debemos tener una sola ley de Archivos pero además debemos capacitar a los servidores públicos en el tema de archivos.

LOO.- Precisamente me llama la atención que en el proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información no se hubiera incorporado de manera explicita a los archivos en el proyecto de ley, sino me equivoco una sola vez se pronuncia la palabra archivo. Prácticamente se ha hecho una abstracción, y sobre ese tema ya varias veces exprese mi criterio ¿porqué a pesar de esa precisión que hace usted de la importancia de los archivos este proyecto de ley no las incorpora?

NS.- Porque precisamente, por usted, hemos conocido que hay un proyecto de ley de archivos entonces nos parecía realmente ocioso mezclar ambas cosas. Por eso reitero para mí es como, la pareja que debe ir junta: la Ley de Archivos y la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además hay que adicionar la Ley ‘Marcelo Quiroga Santa Cruz’, que es la Ley de Lucha Contra la Corrupción, son leyes que por supuesto son conexas que no puede estar una sin la otra, eso es clarísimo. Entonces yo creo que también por otro lado hay que trabajar para tener y contar con la Ley de la Transparencia y la Ley de Archivos.

LOO.- Si es evidente, pero hemos visto que en otros países que cuentan con sus leyes de archivos, tienen ya sus sistemas nacionales estructurados, de todas maneras en uno de los artículos de estas leyes de acceso a la información sí han incorporado a los archivos como una especie de brazos operativos. Creo que ese concepto todavía no se ha aceptado en nuestra administración respecto de esa importancia de los archivos.

NS.- Yo creo que en este momento para mi va ser mas dificultoso juntar ambas cosas, porque es cierto que en algunas países tienen ambas leyes cohesionadas sin embargo, han tenido dificultades y es eso algo que también se ha discutido mucho. Yo creo que el tema de los archivos es muy importante y por lo tanto debe tener su propia ley, debe contar con su propia ley, porque no es lo mismo el archivista que el oficial o la persona que va dar la información. Eso es lo que hemos recogido de algunas entidades públicas que decían “sí tenemos una persona que está encargada del archivo y le puede dar información”, pero (en mi criterio) el archivo es otra cosa, en el archivo alguien tiene que cuidar, proteger los documentos; en cambio la persona que va dar la información, es otro tipo de funcionario.

Yo he visto, por el trabajo que desarrollé, fundamentalmente antes de ser viceministro, que se la da muy poca importancia al tema de archivos, es como si el archivista tendría que estar en el último lugar de una entidad pública, mejor si es debajo de las gradas. A veces se tiene la idea de que es un viejito que esta ocupado de simplemente en perforar papeles y guardarlos en un archivador, esa es la concepción que se tiene.

Yo creo que no es así, porque si tenemos todos los archivos organizados, podemos recurrir a estos para obtener información muy importante que nos va servir mas adelante. Además el otro tema es que -por ejemplo- siempre se dice que no se tienen recursos para los archivos, pero yo conozco y sé perfectamente la experiencia de nuestro amigo Edgar Ramírez [7], una experiencia maravillosa que además entre otras cosas nos dá un ejemplo de que casi con nada se puede proteger los archivos. Me refiero a los archivos de COMIBOL, tan bien guardados, tan bien organizados, por una persona que primero que no era archivista, ni era historiador, no era abogado, ni era comunicador, ni periodista, era un ex dirigente sindical. Es notable ver cómo ha mantenido con todo su equipo un archivo que es tan importante, creo que eso es básico.

Yo quiero decirle que cuando me hice cargo del Viceministerio no encontré nada de archivos, no había nada, entonces eso ha dificultado por supuesto mi tarea. Entonces tenemos que crear conciencia los servidores públicos que cuanto más nos ocupemos de los archivos mas fácil vamos hacer labor a futuro.

LOO.- Permítame que reitere este problema por última vez, pero el hecho es que la ley (v.g. Código Civil y Código de Procedimiento Civil) señala que el funcionario con competencia para poder certificar, o extender copias legalizadas, es el custodio de la documentación y no así un oficial de información, como plantea el proyecto de ley ¿Cómo compatibiliza este asunto puesto que la ley es muy clara al respecto?

NS.- No nos olvidemos que estamos en una revolución, en un cambio de la legislación. Reitero, podemos seguir discutiendo el tema, no es que yo me voy a cerrar en esa posición, pero fundamentalmente en mi criterio de dar mayor importancia al tema del archivo, tiene que tener su propia ley, tiene que tener personal especializado en el archivo, etc. Y para tener el acceso a la información, también deben existir personas que puedan estar esta información; podemos poner a los dos juntos, podemos hacer que estas dos atribuciones sean cumplidas por una sola persona, eso habrá que mirar.

Mire por el trabajo que yo realizo, vuelvo a decirle, le doy mucha más importancia al archivo ahora que quizás le daba hace diez años. Este es un tema que en el Viceministerio se cumple. He dado instrucciones que el día que deje esta función, la persona que me reemplace encuentre incluso las notas que he remitido, que pueda pedir y exigir, etc., Es un tema muy importante. Yo quisiera destacar es que toda la información que dejemos en los archivos, no nos pertenece, esa información pertenece al ciudadano y la ciudadana.

LOO.- Para finalizar y precisamente en relación a este proyecto de ley denominado “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, entiendo que recientemente el Senado de la Republica aprobó por unanimidad la versión en grande ¿tiene que ver esto con el derecho de acceso a la información pública?

NS.- También se ha mencionado en este proyecto de ley el tema del acceso a la información y la transparentación, fundamentalmente. Son tres bases importantes para garantizar la lucha contra la corrupción: tener archivos, tener acceso a la información pública y tener una ley que sancione ese delito, que sea más operativa en la lucha contra la corrupción. Evidentemente estamos muy contentos que se haya aprobado en el Senado Nacional y esperamos que ya en detalle pueda ser aprobada esta ley sin ningún problema, porque todos, absolutamente todos los bolivianos y bolivianas esperamos que la lucha contra la corrupción sea desterrada y así cumplir con el mandato del Presidente Evo Morales de “cero tolerancia a la corrupción”, y es la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz que nos va ayudar a que esto sea una realidad.

LOO.- Muchas gracias.

NOTAS DEL ENTREVISTADOR

[1] Marcelo Quiroga Santa Cruz nació en Cochabamba el 13.03.1931, y fue asesinado el 17.07.1980, durante el golpe de Estado del general Luis García Meza Tejada, que por ese y otros crímenes de lesa humanidad hoy purga condena máxima de 30 años sin derecho a indulto en el penal de alta seguridad de Chonchocoro, próxima a la ciudad de Viacha. El momento de su asesinato era Primer Secretario del Partido Socialista Uno (PS-1), y Diputado nacional. Se afirma que el golpe del Garciamesismo fue incitado por el gral. Hugo Banzer Suárez, al que el diputado socialista acusó en el Congreso por los siete años de dictadura (1971-1977), época en la que incorporó a Bolivia al tristemente célebre “Plan Cóndor”, nefasta red de las dictaduras sudamericanas.

[2] Las rentas petroleras que percibe el país son ahora significativas. Los ingresos adicionales que perciben las alcaldías, prefecturas y universidades, no tienen parangón en la historia del país. El gobierno del presidente Evo Morales Ayma, fue el primero en entregar los contratos petroleros suscritos con las empresas transnacionales, al Congreso para su aprobación. En el pasado, estos contratos de explotación hidrocarburífera, eran manejados discrecionalmente sin que la sociedad se enterase de su contenido y alcance.

[3] Consejo Nacional de Política Económica y Social, dependiente de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas. UDAPE es una institución descentralizada bajo tuición del Ministerio de la Prensa (DS 27038 de 02.03.2003).

[4] En el pasado estos recursos eran empleados por el Ministerio de Gobierno para garantizar el orden público, y otros fines, sobre los que no se dejaba informe escrito o documentación alguna. Eran de libre disponibilidad del Ministro. Un decreto disponía que una vez que la autoridad informara al Contralor, procedía a destruir los documentos sustentatorios del gasto.

[5] Denominación eufemística del proceso de privatización de las empresa públicas del Estado, impulsado por el gobierno del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), y continuado por el de Hugo Bánzer (1997-2001) y a su muerte, por su sucesor Jorge Quiroga (20012-2002). La historia conoce a esta época como el ‘régimen neoliberal’.

[6] Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, de 23.04.200; y DS reglamentario 27113 de 23.07.2003.

[7] Edgar “Huracán” Ramírez, legendario líder sindical minero, que ha protagonizado la mayor hazaña archivística del siglo XXI, al haber recuperado de la destrucción inminente, los extensos y valiosos archivos de la Corporación Minera de Bolivia. Hoy esta institución ha erigido un edificio en dos bloques y dos plantas, para resguardar aquella documentación que data desde el inicio del siglo XX.

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