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de las Ciencias de la Documentación

Militante política desde su juventud, Margarita Percovich es fundadora del Frente Amplio y dirigente del Sector Vertiente Artiguista. A su vez, desde su militancia social, es fundadora e integrante del Plenario de Mujeres del Uruguay (1984), primera organización autónoma de mujeres creada bajo la dictadura para luchar por los Derechos Humanos y fundadora e integrante de la Concertación Nacional de Mujeres del Uruguay (1985), espacio de concertación de las mujeres de las organizaciones sociales y políticas sobre los Derechos Humanos de las mujeres.

En 1990 es electa Diputada Nacional, y renuncia a su banca para asumir la representación departamental (edila) en el primer Gobierno Departamental de Montevideo de su Partido, el Frente Amplio. Como legisladora departamental se especializó en temas tales como Derechos Humanos, Políticas Sociales, Políticas de Población, Descentralización y Desarrollo Local, Políticas de Desarrollo en el Área Metropolitana, Ambiente y Hábitat, Salud, Superación de la discriminación de la Mujer, políticas hacia las Familias, Infancia y Adolescencia, Políticas Culturales y Medios de Comunicación y Reforma del Estado desde una perspectiva de democratización y descentralización.

Nuevamente es electa Diputada Nacional para el período legislativo 2000-2005, asumiendo esta vez su banca. Desde la Cámara de Representantes integra las Comisiones de Constitución y Código, Género y Equidad, Seguridad Ciudadana, Derechos Humanos, Vivienda, Territorio y Medio Ambiente y Educación y Cultura. En este período impulsa diversas leyes, en su mayoría referidas a la defensa de los Derechos Humanos, de la Cultura y del Ambiente. Se destaca su papel en la creación de la Bancada Femenina de la Cámara de Diputados del Parlamento Nacional, coordinación de las legisladoras mujeres de todos los partidos políticos que se mantiene hasta hoy en día aunque con integración de las legisladoras de ambas Cámaras (Representantes y Senadores).

En el actual período de gobierno (2005-2010), asume como Senadora de la bancada de gobierno, integrando las comisiones de la Cámara Alta de Constitución y Legislación, Educación y Cultura, Asuntos Administrativos, Salud Pública y de Población, Desarrollo e Inclusión, y las comisiones de Constitución y Legislación y de Seguimiento de la ley de Humanización del Sistema Penitenciario de la Asamblea General.

Sus múltiples facetas de trabajo legislativo se combinan para dar lugar a una peculiar y sostenida perspectiva desde los derechos.

En el entendido de que InfoCC es un proyecto social que busca la calidad de vida de los ciudadanos y la promoción de los Derechos Humanos desde la información y el conocimiento, como profesional Archivóloga y Comunicadora creo que es obligación de los organismos mantener sus documentos organizados y a disposición de todo aquél que lo solicite. El acceso a la información generada por las instituciones en el ejercicio de sus competencias se considera un derecho fundamental en una sociedad democrática.

Pero el dilema se plantea a la hora de establecer el límite entre el derecho de los ciudadanos a ser informados y la protección de la privacidad de las personas. Nuestro País aún no cuenta con un marco legal específico para regular los mecanismos de accesibilidad necesarios. Para hablar del estado de la cuestión, entrevistamos a la Senadora Margarita Percovich.

1- Senadora ¿qué proyectos de ley se encuentran en vías de aprobación parlamentaria que tengan relación directa con el Derecho a la Información y el Acceso a los Documentos? ¿En qué quedó aquél proyecto de ley de Hábeas Data del Diputado Díaz Maynard que contó con media sanción en el anterior período?

Hay varios. En primer lugar, lo que fue el viejo proyecto del Diputado Díaz Maynard de Hábeas Data no se terminó de implementar nunca, porque quedó subsumido en un proyecto de Protección de Datos Comerciales en el período anterior con un solo artículo de Hábeas Data.

2- ¿Hay algún otro proyecto que retome todo lo que quedó suelto de ese?

Sí. Desde el período anterior venía trabajando un grupo integrado por la Asociación de Prensa del Uruguay, Archivólogos, Bibliotecólogos, la gente de las radios comunitarias y el SUR como organismo-institución dedicada al derecho y la justicia y la defensa de los DD.HH.; en un proyecto de Derecho al Acceso de la Información. Finalmente lo presentamos Legisladores de la Bancada de Senadores y está en tratamiento en la Comisión de Educación y Cultura. Ha recibido aportes interesantes del Instituto de Derecho Informático, de parte de la propia Oficina Nacional de Servicio Civil.

Ese proyecto tiene, además del establecimiento de lo más importante, que es el Derecho a la Información, tiene también, temas que hacen a la Protección de Datos. Tenía en el proyecto original la creación del Comisionado Parlamentario de Acceso a la Información. Pero como tenemos en tratamiento en otra comisión, la de Constitución, la creación de una Institución Nacional de Derechos Humanos, una especie de ombudsman parlamentario al principio, o un organismo descentralizado, integrado por lo menos por 5 personalidades especializadas en los temas de derechos, en el proyecto está incluido el Acceso a la Información. El proyecto de Acceso a la Información le deriva a la Agencia Nacional para la Investigación y el Desarrollo Electrónico, la función de capacitación del funcionariado del Estado, en la forma de archivo de datos y la forma de atención del usuario y la importancia de ir deconstruyendo el secretismo del Estado con relación a los datos. Tenemos una Institucionalidad del Estado que se está encargando de toda la parte de informatización del Estado. Es importante que esté radicada en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Conjuntamente, hay un proyecto que viene del Poder Ejecutivo, seguramente ya está entrando en el Poder Legislativo, que es el de Protección de Bases de Datos Personales, una verdadera Hábeas Data, que le da a esa Agencia la responsabilidad del tratamiento de la informatización. Es más completo que el otro, que es una iniciativa de la sociedad civil, pero los dos se complementan. Uno pone el acento en el Derecho al Acceso a la Información por parte de los usuarios y el otro, pone el acento en la Protección de Bases de Datos Personales. Algo que se necesitaba sobretodo por este fenómeno de requerimiento en nuestro país de “Call Centers”, que están exigiendo una reglamentación de Protección de Datos. Después, con relación a Archivos hemos ya votado en la Cámara de Senadores una propuesta del Archivo General de la Nación, de Sistema Nacional de Archivos. Tratar de armar una Red de Archivos Nacional, con responsabilidad del Archivo General de la Nación que incluye en la medida en que sea voluntario, también los privados.

3- Sabemos que se está discutiendo un proyecto para la creación del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) que busca garantizar el acceso a la información pública sobre las violaciones a los Derechos Humanos por parte del Estado, durante la última dictadura. ¿Qué me puede adelantar al respecto?

El tan discutido Archivo de la Memoria. Allí hay toda una discusión, según lo que me dicen los diputados involucrados en el tema, con el propio Archivo General de la Nación y los Archivólogos, pero aparentemente a la conclusión que se llegó de agregarle una frase, que se armaba un Archivo Especial de la Memoria, sin perjuicio de la otra Ley de Sistema Nacional de Archivos, es decir, las responsabilidades del A.G.N. y que aparentemente, yo no sé si eso haya quedado en la ley, imagino que se trabajaría con fotocopias.

4- Lo que en cierto modo atenta contra la integridad de los archivos, puesto que el contexto institucional en que se producen los documentos es clave para interpretarlos. La pregunta desde nuestra profesión es ¿se va a desmembrar otros archivos? o ¿se va a hacer un archivo con copias?

Yo entiendo perfectamente la posición de los Archivólogos y de los Historiadores en el sentido, de que no quieren desmembrar los archivos. Porque una cosa es definir, de tal fecha a tal fecha, lleva tal nombre, o es el archivo de tal, pero no desmembrarlos. No. Espero ver cómo saldamos esa situación en la Comisión de Educación y Cultura. Vamos a oír a todas las voces.

5- Ahora bien, de todos estos proyectos que hemos hablado ¿en cuáles está presente la figura del Archivólogo?

En el que está más presente es en el proyecto general del Sistema Nacional de Archivos, que le da al A.G.N. la potestad y la responsabilidad del manejo de todos los archivos. Un A.G.N. muy deteriorado en sus recursos, en su personal, etc. -que es esto otro tema- y frente a los desafíos técnicos nuevos, es especialmente importante. Me gusta mucho el de Acceso a la Información, porque lo hicieron Archivólogos, donde se define el Derecho de Acceso a la Información, y donde se establecen las responsabilidades con relación a la entrega de datos y la necesidad de archivarlos de determinada manera.

6- Como que van concatenados. El tema es cuál va a salir primero...

Va a salir primero, seguramente, el de Acceso a la Información, porque fue el primero con fecha que entró. Creo que el segundo, va a ser el de Bases de Datos Personales, porque es el que más apuro tiene el Poder Ejecutivo. Se podrían complementar perfectamente los dos proyectos.

7- Y en cuestión de plazos...

En plazos, desde la Comisión de Educación y Cultura yo voy a proponer que se trate el de Acceso a la Información. Y ahí, espero que ya haya entrado el de Protección de Datos Personales. Se tratará ése que es más largo y más complejo y después, se tratará el del Archivo de la Memoria. Prefiero tener la cobertura de los otros, hasta que éste se defina, porque más que nada tiene urgencia política, cultural, desde el punto de vista de los Derechos Humanos. Pero si no sale bien, no sirve.

8- Con respecto al proyecto del A.G.N., en su texto habla de la profesionalización de los responsables, ¿a qué se refiere eso, puntualmente?

Creo que a lo mismo que se refiere el de Acceso a la Información, que es la necesaria capacitación de los archivólogos, pero también de los funcionarios que tienen que proporcionar los datos. No se refiere solamente al que tiene como profesión Archivólogo, sino que los Archivólogos tienen que enseñarle al resto de los funcionarios que coordinan con ellos, las acciones del archivo de datos.

9- ¿Eso de alguna manera está respaldando al Archivólogo, es decir que en cada archivo deba haber un profesional Archivólogo?

Eso no lo dice específicamente, pero seguramente será uno de los temas que estará en discusión después en la implementación.

10- Más adelante el mismo proyecto dice: “que el Estado está obligado a la creación, organización, preservación y control de los archivos, asumiendo la responsabilidad de la instalación de archivos, de la gestión documental y de la administración” acá el tema son los recursos...

Todos estos proyectos tienen que ver con recursos. A mí lo que me da esperanzas de que aparezcan los recursos es que este gobierno le está poniendo mucho acento a la necesidad de datos y de información clara y transparente. Por primera vez se está tratando de cruzar datos de todas las instituciones del Estado, de poner en las páginas web todos los datos que los usuarios pueden requerir. Estoy convencida de que hay recursos, porque esta misma presión para que exista una Protección de Base de Datos Personales implica que todos los datos tienen que estar bien archivados y bien definido qué es lo que se puede entregar. Desde que entró el proyecto de Derecho de Acceso a la Información se me avisó desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que tenía que estar en manos de la Agencia de Gobierno Electrónico, creada en la rendición de cuentas, porque tiene fondos para instrumentarlo, es decir, fondos para la capacitación del funcionariado y para la parte técnica de incorporación a soportes técnicos. En lo personal es una de las cosas por las que he batallado y voy a seguir batallando. Creo que es uno de los derechos más importantes, el acceso a la información y que no hay posibilidades de identidad en el país ni de democracia profunda, si los datos no están a disposición. Por eso digo que es un elemento democrático y para el ciudadano.

11- Ahora bien, en qué medida Ud. considera que se debe efectuar una tarea educativa dirigida al ciudadano común, con el propósito de informarlo acerca de qué es un archivo y qué tipo de documentación encuentra en él, una especie de “alfabetización para la información”.

Eso creo que es una segunda parte. Nosotros no podemos estimular que el ciudadano vaya a los archivos, el uruguayo es bastante poco curioso. Yo siempre digo a los periodistas en referencia al proyecto de Acceso a la Información que son ellos los primeros que lo van a usar y puede ser que las organizaciones ambientalistas, que requieren información clara y transparente del Estado, porque creo que ha habido una educación ciudadana bastante interesante. Pero en general, al ciudadano no se le ocurre pensar que tiene derecho al Acceso a la Información y como el funcionario del Estado se cree que tiene el derecho de decirle: “eso no se lo puedo dar”. Entonces, lo primero es la capacitación del funcionariado, trabajar mucho sobre las técnicas de ingreso fácil y la capacitación. Porque sino se va a crear una disparidad, entre el conocimiento del acceso puesto que va haber un núcleo de gente que ya sabe que lo tiene y lo va a reclamar, y la frustración del propio funcionario del Estado de no poderlo entregar. Pienso en los propios Archivólogos que no encuentren las cosas porque están deterioradas o porque no se pasaron a un soporte electrónico, etc. Yo creo que la educación con relación al Acceso a la Información es una campaña muy importante que hay que hacer, pero después que haya una mínima respuesta del propio Estado, porque sino es muy frustrante.

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