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Derecho Documental
Publicado el 29 de Abril de 2008
 

Hacia una política de protección documental: El Derecho Documental

Jorge Miquitiansky
Primer licenciado en Archivología de Argentina
Responsable del Archivo de importante empresa de Córdoba

Jorge Miqitiansky A diario nos enteramos por la prensa, sobre actos de vandalismo, cometidos contra Centros Documentales, con el propósito de ocultar actos de corrupción por parte de personas inescrupulosas. Estos individuos recurren a cualquier método para deshacerse de las pruebas documentales que pudiesen incriminarlos: robo de expedientes judiciales, destrucción de documentos, borrado de archivos; llegando, incluso, a incendiar edificios para lograr sus fines.

Ni qué hablar sobre la violación a los derechos humanos. Estos documentos son buscados por los transgresores para lograr la impunidad e imposibilitar el ejercicio de las actividades de defensores de Derechos Humanos; provocando, además, un vacío histórico a los investigadores.

Otro tema que merece nuestra atención, es el referido a los países en conflicto; en éste caso, si bien suele adquirir una connotación étnica y religiosa, se destruye la vivencia de los orígenes de otros. Al respecto, hay un interesante artículo denominado “La defensa del patrimonio en los países en conflicto” que, entre otras consideraciones, expresa: “Los Archivos guardan documentos valiosísimos referentes a una nación, de las actuaciones de los gobiernos y de la vida de las personas que los conforman. Cuando se destruye un archivo se destruye una huella de su pasado y de su historia. Se produce una destrucción de la memoria colectiva además de perderse documentos esenciales para la vida de muchas personas (certificados de nacimiento y títulos de propiedad).” [1]

NECESIDAD DE UN "DERECHO DOCUMENTAL"

En función a lo expresado, es notorio el desamparo y el vacío legal en el cual desarrollamos nuestras labores los profesionales en documentación. En nuestra relación con los organismos productores, pareciera que nuestra actividad se limitara a almacenar documentos, y la información en ellos contenida, y la hagamos recuperable para su uso.

Fuster Ruiz señala que “el documento pasa a tener un valor testimonial semejante al del mundo greco-romano: garantía de derechos de los ciudadanos. Pero es más, con la utilización de los archivos para fines científicos e históricos, el documento de archivo se convierte también en testimonio fidedigno de la actuación del Estado, garantía de la eficacia y honorabilidad de la vida pública. En definitiva, los documentos archivísticos y las instituciones donde se custodian y se hacen accesibles, es decir, los archivos, son la base imprescindible de la Democracia y del Estado de Derecho. El archivo, con ello, adquiere una misión social importantísima, que no es sólo de tipo cultural, de investigación, sino de información, de auxilio, de ayuda a los ciudadanos en todos los aspectos de la vida humana.” [2]

Tomemos los términos más importantes y analicemos si, efectivamente estamos haciendo algo, desde nuestras profesiones, para garantizar los derechos de los ciudadanos, mantener un testimonio fidedigno de la actuación del Estado y la honorabilidad de la vida pública en Democracia y Estado de Derecho. Aún siendo conscientes que los documentos dan derechos fundamentales y hacen la verdad, ¿estamos dispuestos a asumir la responsabilidad que nos cabe en éste siglo?

Sobre los objetivos que debe contemplar una Política Documental, tal como lo plantea mi Maestro, Manuel Vázquez, deberían apuntar a:

  • Salvaguardar los derechos del Estado, las instituciones estatales y no estatales y los ciudadanos.
  • Elevar el nivel de vida democrática y creativa de los ciudadanos.
  • Ofrecer seguridad y continuidad jurídica a los derechos cívicos.
  • Brindar transparencia a los actos de gobierno.
  • Acopiar y ofrecer información siguiendo pautas de acceso y secreto acordes con los derechos en juego.
  • Acercar a los ciudadanos los beneficios de la Informática en la tramitación.
  • Establecer responsabilidades, obligaciones y derechos a cada entidad civil [3].

Debemos bregar por un Derecho Documental para todo el servicio de los documentos de gestión o de archivo, cuidando de ellos como fuente de derechos, responsabilidades y obligaciones. Somos los profesionales, Administradores de Documentos y Archivos, quienes tenemos incumbencia para trabajar sobre la redacción y posterior envío de ésta herramienta fundamental a la autoridad administrativa competente.

Nuestra Profesión debe colaborar para imponer, en la sociedad, la cultura y ética de transparencia. Las autoridades, incluidos presidentes, gobernadores y ministros, no deberían sustraer de los archivos los documentos generados durante su gestión cuando cesan en su cargo. Advertir a la ciudadanía sobre aquellos funcionarios renuentes a abrir información sobre sí mismos y ser inexorables para quienes sean sorprendidos en mentiras o falsedades.

Cito nuevamente a Manuel Vázquez cuando nos dice que “Un gobierno que trabaja pensando en los ciudadanos, más que en su partido o en sus amigos, no debería tener nada que ocultar. Los errores o los delitos de algún funcionario –incluidos el presidente, legisladores y jueces- conocidos desde una fuente oficial antes que por pesquisas de periodistas refuerza la mutua confianza entre pueblo y gobierno, introduce bocanadas de oxigeno que, a mediano plazo, representan más que millones de pesos gastados en propaganda televisiva.” [4]

Hay un largo camino que transitar y muy amplio el espectro de posibilidades que nuestra profesión nos brinda; no será fácil, pero bien vale la pena intentarlo. Podemos empezar aportando nuestro granito de arena en el establecimiento de una Red Orgánica de Normas con obligaciones y derechos, compilación de digestos o colecciones de normas por temas, promulgación de Manuales de Procedimiento actualizados y homologados, etc.

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] PUENTE VIRUEGA, T; C. Santana Prieto; y J. Bellido Haro. «La defensa del patrimonio en los países en conflicto». En: www.geocities.com/museos2000/patrimonio/conflicto/conflicto.htm

[2] FUSTER RUIZ, Francisco. «Archivística, archivo, documento de archivo...necesidad de clarificar los conceptos.». En: Anales de Documentación, 2, 1999, pp. 103-120.

[3] VÁZQUEZ Manuel. « La Profesión Archivística en el S. XXI», p.11. En: www vazquezmanuel.com.

[4] Ibidem, p. 87

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