Sociedad de la Información

Publicado el 19 de Octubre de 2007

Alfabetizando para la Información

Vilma Castro
Archivóloga (egresada de la UdelaR)
Técnica en Comunicación Social (egresada de UTU)
www.archiext.com

Desde que el vientre materno comienza a gestar vida, el ser humano genera documentos, comenzando con una ecografía (ahora en 3D), hasta la filmación del parto. A partir del nacimiento, una sucesión de documentos van creando nuestra historia: inscripción en el registro, partida de nacimiento, carné de vacunas, historia médica, cédula de identidad o DNI, etc., para convertirnos en sujetos de derecho y ubicarnos en el estadio social. Así, quedamos investidos de derechos y deberes. Nuestro diario vivir se va signando de multiplicidad de documentos, que de acuerdo a su ciclo vital algunos devengarán en valor permanente.

En este momento, Administración y Ciudadanía están ejercitando el derecho de acceso a los documentos y a la información (Antonia Heredia Herrera, Excol’07), hecho que demuestra el creciente interés de nuestra sociedad por la apertura y la buena conservación de los archivos, sean públicos, históricos, municipales, eclesiásticos, empresariales y privados.

Los medios masivos de comunicación, en su calidad de poderosos agentes sociales, han contribuido en gran medida a denunciar la denominada “cultura del secreto del Estado” que atenta contra el libre acceso a la información.

En nuestro país esa preocupación ya se ha trasladado al Parlamento; producto de ello son los proyectos de ley que hoy se encuentran en vías a aprobación. A saber: el proyecto de Acceso a la Información, que es una iniciativa de la sociedad civil y pone acento en el derecho al acceso a la información por parte de los usuarios; el proyecto de Protección de Bases de Datos Personales; el proyecto de Sistema Nacional de Archivos, una propuesta del Archivo General de la Nación, para armar una Red de Archivos Nacional; y el proyecto para la creación del Archivo Nacional de la Memoria, que busca garantizar el acceso a la información pública sobre las violaciones a los Derechos Humanos por parte del Estado, durante la última dictadura.

El concepto de archivo entendido como centro de divulgación cultural y pedagógica es una idea relativamente nueva y vanguardista. Hasta hace muy poco tiempo el archivo era concebido solamente al servicio de, la Administración y del investigador-historiador. Archivo, como espacio cultural abierto a la ciudadanía, es a mi entender, “la concepción para este siglo”.

Para dar cabida a este concepto es primordial dejar de considerar a estos recintos como contenedores pasivos de testimonios y poner a disposición del usuario, el servicio necesario para satisfacer su necesidad informativa, con el propósito de ampliar el uso social de los archivos y rentabilizar sus fondos. El profesional archivólogo debe organizar y conservar la documentación para ponerla a disposición de la administración, entidad productora o persona generadora del acervo, los ciudadanos, la investigación y la difusión cultural; la sociedad toda en su conjunto.

La Norma Panamericana Copant al referirse al usuario de un sistema de información plantea que las relaciones entre los especialistas en la materia y los usuarios deben ser constantes y estrechas. La unidad de información debe estar próxima a ellos para detectar sus necesidades reales y determinar el grado de satisfacción, a fin de adaptarse a esas circunstancias. Es preciso también un contacto personal directo con el usuario para saber de primera mano sus opiniones, críticas y sugerencias.

Prácticamente no se registran antecedentes de estudio de usuarios, realizados desde nuestros archivos; menos aún, antecedentes de investigación en el quehacer cultural de los mismos y su relación con el papel socializador de la educación, como un nuevo campo de aplicación de esa función.

El servicio de archivo implica una interacción social entre archivólogo y usuario. Este usuario requiere de una orientación en su camino hacia el archivo, de una “alfabetización para la información” que le permita aproximarse sin temores, en un entorno amigable y con cierta garantía de éxito, tratando de evitar la sensación de frustración e insatisfacción que genera no encontrar los datos que busca o no saber adónde dirigirse.

Aquí en Uruguay, el fenómeno de la emigración ha sido uno de los factores que ha impulsado al ciudadano hacia los archivos en busca de sus orígenes. Aún así, seguimos sin resultados a la vista.

Nuestros archivos con su actitud pasiva ignoran, la mayor parte de las veces, su horizonte. Se limitan a las funciones tradicionales. Trabajan de espaldas al público. Los archivólogos deben establecer mecanismos para promover su oferta cultural. Implementar propuestas coherentes, para presupuestos ajustados; y creativas, para los tiempos que corren; lúdicas e interactivas, que atraigan a un público cada vez más exigente y más exigido, abrumado por el caudal de información que recibe a diario de esta sociedad- red (por e-mails, mensajes de texto, mass media). En definitiva, buscar la forma de conocer y adaptarse a estos usuarios como principio y fin de la cadena documental, para quienes debe darse la triple función de los servicios: testimonio, prueba e información.

El estado embrionario en el que se encuentran las acciones pedagógicas desde nuestros archivos se debe, a la escasa experiencia en investigación de usuarios, a la juventud de los archivos y sus recursos limitados, y al retraso en infraestructuras culturales de nuestro país junto con el escaso marco legal.

La diseminación de la información y la promoción de la investigación entre estudiantes de todos los niveles y el ciudadano común debería convertirse en una política de acción para captar la atención de estos nuevos usuarios: los estudiantes, como potenciales investigadores y los ciudadanos en general, cuyo incremento está relacionado con el derecho a la información, dada la responsabilidad que tienen los archivos de conservar los documentos generados por la administración como garantía de transparencia.

Actualmente, la evolución de los métodos pedagógicos estimula al alumno a la investigación. Esto contribuye a difundir la utilidad y la función didáctica de los archivos, que llevará inevitablemente a la democratización de la información. No obstante, sabemos que la acción educativa ocupa un último lugar en los proyectos de extensión de los archivos, si los hay. Además de la competencia fuerte que representan los sectores de patrimonio cultural, porque en muchos casos son de prioridad política.

Esta dinamización cultural que lentamente se está produciendo con los archivos en su calidad de “divertimentos culturales” (debido a la diversidad de tipologías documentales y de soportes de nuestro tiempo) coadyuva a la democratización cultural, es decir, al acceso por parte de todos los ciudadanos a la cultura.

El sistema educativo en toda su extensión debe propender a estimular la autonomía intelectual y la actitud de aprender durante toda la vida. El resultado de su función educadora es la formación de los ciudadanos del siglo XXI en valores democráticos, unos ciudadanos cada vez más libres si conocen bien sus derechos.

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