Archivología

Publicado el 20 de Enero de 2007

Dos libros primigenios sobre archivos mineros bolivianos

Luis Oporto Ordóñez
Historiador, archivero diplomado en España
Director General Biblioteca y Archivo Histórico del H. Congreso Nacional
Docente de la Universidad Mayor de San Andrés (La Paz)

El 21 de diciembre, fecha emblemática y significativa en el calendario histórico minero boliviano, fue memorable el 2006 por varias razones, pero fundamentalmente porque se logró convocar a un numeroso grupo de ex dirigentes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, además de archiveros de instituciones públicas y privadas, docentes universitarios, un grueso número de estudiantes universitarios y otros invitados, que participaron del acto de entrega de dos nuevas publicaciones sobre archivos mineros de Bolivia.

El 21 de diciembre de 1942, en el distrito de Catavi (ubicado a 334 kilómetros al sureste de La Paz), se produjo una atroz masacre de trabajadores mineros, sus esposas e hijos, durante el gobierno de facto del Gral. Enrique Peñaranda (antiguo comandante en la Guerra del Chaco que libró Bolivia en 1932-1935, con el Paraguay). Este hecho sangriento significó el principio del fin del antiguo sistema semifeudal y la debacle del poder minero, que se erigió en un Estado dentro del Estado boliviano. El naciente Movimiento Nacionalista Revolucionario, tomó como bandera de lucha política aquel luctuoso acontecimiento y echó del gobierno al presidente militar. Si bien, la clase dominante, agrupada en lo que se llamó “La Rosca”, logró retomar el poder mediante otro golpe de mano, el movimiento social que se desató fue imparable, pues en 1952, se nacionalizaron las minas, y un año más tarde, se implantó la Reforma Agraria, lo que constituyó un golpe letal para el latifundismo de occidente.

La noche del 21 de diciembre de 2006, más de doscientos cincuenta ejemplares fueron entregados a los asistentes que acudieron hasta las instalaciones de la Vicepresidencia de la República, donde se realizó la ceremonia, con los auspicios de la Biblioteca y Archivo Histórico del Honorable Congreso Nacional.

Cierto es que una de las publicaciones, el Censo Guía de Archivos Mineros, estaba ya impreso con mucha anterioridad, pero tuvimos la paciencia de esperar a este histórico día. Este volumen, luego de una introducción histórica sobre la minería boliviana, presenta los resultados del censo levantado en 2005, con ayuda de la Subdirección General de Archivos Estatales de España y en coordinación con el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, ente rector de la archivística nacional. El informe está conformado por tres capítulos: I. Aspectos Generales (Historia de la Minería Nacional; Historia de los Archivos Mineros), II. Censo de Archivos Mineros (Generalidades sobre Oruro, La Paz y Potosí; Universo censal; y Estado de la memoria minera); y III. Guía a los archivos mineros (16 centros de archivo de La Paz; 19 centros de archivo de Oruro; y 15 centros de archivo de Potosí).

El trabajo censal fue exhaustivo. Prácticamente no se dejó ningún distrito o centro minero de la minería nacionalizada, privada o cooperativa, sin censar, salvo en aquellos casos en los cuales no existía personal o el centro estaba clausurado. Labor meritoria del equipo de empadronadores, conformado por universitarios egresados de las Carreras de Historia (Ramiro G. Pérez, Juan N. Sullcani) y Bibliotecología (Carmen R. Fuentes, María J. Guarachi), que trabajó bajo la coordinación del historiador Edson Flores Jemio. No fue un proyecto corriente, sino más bien un desafío, pues el censo se realizó en los centros de producción minera, que como efecto de una política neoliberal perversa, sometió a sus poblaciones al abandono y la miseria. Sus escasos habitantes pueden ser calificados como supervivientes. Numerosos obstáculos se presentaron a lo largo del proyecto, pero los jóvenes universitarios los superaron estoicamente. En algunos sitios no había siquiera lugares para pernoctar o alimentarse. La desolación era desesperante. Sin embargo, el éxito coronó su esfuerzo, y hoy figuran como pioneros en este campo archivístico. Posteriormente se incorporaron Liz Quiñones (hoy archivera de la Corporación Minera de Bolivia), Jenny Quispe (actualmente trabaja en el proyecto de organización del Archivo de la Fiscalía del Distrito de La Paz), Iris N. Zárate (hoy, consultora de la oficina de la OPS/OMS en Bolivia) y Angela Villa (consultora de Fundappac).

En esta oportunidad, en mi condición de Director del Proyecto Censo Guía de Archivos Mineros, expreso a todos ellos mi reconocimiento y gratitud eternos.

El segundo libro, es la Guía General del Sistema de Archivo de la Corporación Minera de Bolivia. Elaborado por el equipo de trabajo conformado por el legendario líder sindical minero, Edgar “Huracán” Ramírez Santiesteban (nuestro invitado de honor), Carola Campos Lora (titulada de la Carrera de Bibliotecología) y Carlos Tenorio (egresado de la de Historia).

La Guía nos introduce a un inmenso universo documental, existente en el archivo institucional más extenso en su género en el mundo entero pues está conformado por 20.000 metros lineales de documentación inactiva. La historia de este archivo es portentosa y apasionante, pues sin duda constituye la mayor hazaña archivística del siglo XXI, y sólo se parangona con la que protagonizó en 1874 el insigne Gabriel René Moreno, el príncipe de las letras bolivianas.

Edgar “Huracán” Ramírez, artífice de la hazaña, tiene por ello un sitial junto a la obra de Armando Alba, Mario Chacón Tórres, Gunnar Mendoza, Guillermo Ovando Sanz y Alberto Crespo Rodas. Su vida es paradigmática. En la década de los 70 y 80, fue perseguido con saña, torturado y exilado del país por las dictaduras militares. Vejado y desterrado a tierras inhóspitas por los gobiernos democráticos, entronizados en el país a partir de 1985, en la esperanza cruel de extinguir su existencia. Más, el líder minero sobrevivió a todos esos atentados. Es uno de los pocos dirigentes que no se doblegaron ante la imposición del gobierno de 1985, de acogerse al “retiro voluntario”, ocasión en la que los trabajadores mineros recibieron significativas sumas de dinero por concepto de “bonos extralegales” que pagó el gobierno para obligar a la “relocalización” (eufemismo para encubrir lo que se conoce como “masacre blanca” en el argot sindical) de 23.000 mineros. “Huracán” tampoco aceptó acogerse a los beneficios que señala la ley 2640, del 11 de marzo de 2004 (Ley de Resarcimiento Excepcional a Víctimas de la Violencia Política en Periodos de Gobiernos Inconstitucionales), con lo que el Estado boliviano, en cumplimiento de un fallo del Tribunal de la Corte Interamericana de Justicia, reconoce una indemnización a todos quienes fueron perseguidos por gobiernos militares entre 1964 y 1982.

Aquella inmensa memoria minera fue condenada de forma premeditada a su destrucción prematura e inminente, quizá para evitar que se conociera el saqueo que sufrió el país entre 1985 y el 2000, época en que las transnacionales se hicieron de los recursos naturales. Se pretendía que el tiempo y el clima inhóspito destruyeran la memoria minera. No otra cosa explica la inicua actitud de los administradores de la Comibol de aquella época, que habían seleccionado una valiosa, pero ínfima parte de este inmenso archivo, para custodiarla en un centro documental cuya organización costó medio millón de dólares y fue puesta al servicio de las empresas transnacionales. Al margen de ello, miles de metros lineales de documentación fueron abandonados a la intemperie, azotados por agentes climáticos y patologías documentales agresoras; yacían hacinados sobre el suelo, convertidos en nidos de ratas; otros estaban taqueados en turriles y envases de todo tipo y tamaño. Una inmensa cubierta había colapsado y sepultó de tierra y escombros aquellas documentaciones.

El 21 de diciembre de 2006, esos viejos luchadores mineros, junto a un auditorio universitario y de servidores públicos, escucharon una lección magistral sobre la importancia de los archivos en los procesos de reactivación productiva, como el caso de la COMIBOL. Con sorpresa gratificante, escucharon el testimonio de Edgar “Huracán” Ramírez, que rememoró aquella acción titánica de salvataje de los documentos de la historia minera de Bolivia, que se encontraban abandonados en el amplio y extenso terreno de los almacenes de la ciudad de El Alto.

Hoy en la ciudad de El Alto (tierra de luchadores sociales cuyos habitantes echaron del gobierno al último gobierno neoliberal), se erige el imponente y moderno edificio del Sistema de Archivo de la Comibol, expresión clara de dos voluntades: la política, que proviene del más alto nivel del Estado, y la individual, que emerge de este paradigmático líder. Ambas, confluyen en el objetivo estratégico de conservar la memoria minera para disponerla al servicio de la Nación.

Podemos afirmar con modestia, pero al mismo tiempo con mucho orgullo que, ese memorable 21 de diciembre, cerramos la gestión de 2006, con un broche de oro archivístico.

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