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| Bibliotecología |
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| Publicado el 14 de Septiembre de 2007 |
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96 aniversario de la Biblioteca del Congreso Nacional de Bolivia
Luis Oporto Ordóñez
Historiador, archivero diplomado en España
Director General Biblioteca y Archivo Histórico del H. Congreso Nacional
Docente de la Universidad Mayor de San Andrés (La Paz)
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En 1900 no existía en la ciudad de La Paz una biblioteca que respondiera a las necesidades de información de los legisladores; por otro lado, las escasas bibliotecas existentes no se daban abasto para atender las necesidades de la población. En 1911, el Senador orureño Moisés Ascarrunz Peláez presentó un proyecto para organizar una biblioteca legislativa destinada exclusivamente al servicio del Congreso Nacional. |
Con buen criterio el Senado autorizó una resolución votando la suma de Bs. 15.000 para dicho propósito. Moisés Ascarrunz Peláez nació en Oruro el 24-XII-1862 y falleció el 24-VI-1939). Se educó en Suiza, y a su retorno en 1885, obtuvo su título de Abogado. Político liberal radical, fue diputado por La Paz y Senador por Oruro. Diplomático en Brasil y España. Como periodista escribió con el seudónimo de Ignoto en varios periódicos. Fue Prefecto de Oruro y Rector de la Universidad Mayor de San Andrés. Autor de El Partido Liberal en el Poder (1917), Hombres célebres de Bolivia (1920).
Luego de intensa gestión ante ministros de Estado, el cuerpo Diplomático, intelectuales y particulares que quisieran aportar para tan noble proyecto, el 14 de septiembre de 1912, el Senador Ascarrunz informó orgulloso de su exitoso trabajo al Senado Nacional, en la solemne inauguración de la Biblioteca del Congreso. Logró reunir una colección actualizada de 5.000 obras bibliográficas, para apoyar documentalmente a la definición de políticas públicas que se discutían y aprobaban en el Congreso. Mandó fabricar una hermosa y sobria estantería en madera fina en los Estados Unidos de Norteamérica; no podía ser de otra manera, pues se trataba de la Biblioteca del primer poder del Estado. Carlos Flores tuvo el privilegio de ser su primer Director. La flamante Biblioteca empezó a prestar invalorables servicios a parlamentarios y funcionarios del Legislativo.
En su histórica misión, el Senador Ascarrunz recibió el apoyo de la crema y nata de la clase política e intelectual de esa época pletórica de liberalismo: Macario Pinilla (Presidente del Senado), Juan Misael Saracho (segundo Vicepresidente del Senado), Aníbal Capriles (Ministro de Gobierno); los Embajadores en varios países, Ismael Montes (Embajador y Ministro Plenipotenciario en Gran Bretaña), Ignacio Calderón, Ricardo Mujía, Casto Rojas y Eduardo Diez de Medina; Manuel Ordóñez López (Oficial mayor del Senado) y Justo C. Varela (Bibliotecario Municipal).
El ex Presidente Ismael Montes adquirió 52 obras de lo más actualizado disponible en librerías de España, sobre todo literatura positivista propia de los liberales: Derecho Constitucional (Sansonetti), Bases Sociológicas del Derecho y el Estado (Vaccaro), Sociología (Giddings; Gumplowicz; y Rossi), La Revolución Francesa (Carlyle), Derecho Civil (D’aguanno), Economía (Buylla), Medicina Legal (Lombroso), Gobierno Congresal (Wilson), Derecho Administrativo (Goodnow), Sentido Económico de la Historia (Rogers), Historia de la Economía Política (Ingram), Así hablaba Zaratrusta (Nietzche), La Explotación de las Riquezas (Scheel), La Educación (Bunge), etc.
La elite de la época donó importantes obras. Merecen citarse Aníbal Capriles (La Justicia, de Spencer), Benedicto Goytia (Historia Universal de César Cantú en 11 tomos), Tomás O’Connor D’Arlach (Código Civil de Escoavela, 22 tomos), Nicolás Suárez, el magnate del Caucho (Antropología Social de Marfol; Tratados de Política de Azcárate; La Policía de Gámbara), Simón I. Patiño, el Rey del Estaño (Código Civil Español; Enjuiciamento ambos de Manresa), Juan Muñoz Reyes (Biblioteca Internacional de Obras Famosas, 22 tomos), Casto Rojas (La Revista de Hacienda; La Moneda de Oro en Bolivia y su Cuestiones Económicas y Financieras), Pedro Antonio Blanco (Diccionario Geográfico de Oruro, id. de Cochabamba y Monografía de la Industria Minera en Bolivia, tan útiles ayer y hoy), Juan Misael Saracho (Jurisprudencia Administrativa; y Civil de Dato), Claudio Pinilla (Derecho Internacional de López Sánchez), Manuel Vicente Ballivián (Historia del Uruguay de Bollo; Diccionario de la Política de Block; Archivo Boliviano de su autoría; y obras en inglés), Ismael Vásquez (Traité des Chemins du Fer de Carpentier, esenciales en aquella época), M.B. Mariaca (Diccionario Salvat, 9 tomos); en fin, la lista es extensa.
Por su parte, el Senado Nacional mandó comprar la Historia Universal (G. Onken, 16 tomos), Historia del Consulado y el Imperio (A. Thiers, 15 tomos), Memorias del Gral. O’Leary (26 tomos), La Creación-Historia Natural (Brehem, 9 tomos), y varios tratados de Geografía. La Sección Archivo de la Cámara de Diputados entregó una donación de 60 publicaciones oficiales, entre ellas El Redactor de Diputados (1900-1911), Redactor del Congreso (1901-1908), y Proyectos de informes (1901-1911).
Los representantes nacionales se esmeraron comprando obras con su propio peculio. Así, los diputados tarijeños donaron el Código de Comercio (Pastor). Los representantes de Oruro (de la Capital, y provincias de Carangas, Abaroa y Poopó), importaron desde Buenos Aires, La Historia de la Humanidad de F. Laurent, bella obra profusamente ilustrada en litografía y encuadernada en pasta dura en 5 tomos. Los de Cochabamba, fueron más allá pues hicieron traer desde París, El Grand Dictionaire Universel du XIX Siécle, encuadernada en 17 tomos. Estas colecciones llevan autógrafos de los donadores.
Ninguna institución escatimó esfuerzos para dotar de obras a la flamante biblioteca. Desde Sucre, el Archivo General de la Nación, envió un lote de 69 publicaciones oficiales desde 1894 hasta 1900. La Biblioteca Pública Municipal, por entonces la biblioteca depositaria por excelencia, donó un valioso lote de publicaciones oficiales entre los que mencionamos Mensajes Presidenciales (1880-1908), Memorias Ministeriales (Relaciones Exteriores, 1863-1908; Gobierno, 1872-1910; Hacienda, 1832-1911; Justicia e Instrucción Pública, 1870-1909; Guerra, 1868-1911; y Colonización, 1905-1910); Redactores (del Congreso, 1870-1907; del Senado, 1889-1911; y de Diputados, 1890-1906), Proyectos e Informes del Senado (1890-1909), y de Diputados (1883-1909); Presupuestos de la Nación (1865-1910), Memorias Municipales (1874-1910) y Presupuestos Municipales (1877-1911).
Mas tarde fueron sumándose nuevos recursos informativos, todos ellos del más alto valor, como las Actas de la Primera Asamblea Constituyente de 1826, la Colección Oficial de Leyes desde 1825, los debates parlamentarios desde la misma fecha de creación de la República. Otros son ejemplares raros y únicos en su género, como el Reglamento de Intendentes de Exército y Provincia de 1782, que pone en vigencia la nueva administración política y administrativa emergente de las Reformas Borbónicas que habían desencadenado las grandes rebeliones indigenales (1780-1782). La obra completa de Alcides D’Orbigny, voyage dans l’Amerique Meridionale, que fue declarada Patrimonio Documental de la Humanidad por la UNESCO (2002). El mapa de Juan López de Velasco Descripción de la Audiencia de los Charcas (1601) que muestra las cuatro ciudades en Charcas: Santa Cruz de la Sierra, La Paz, La Plata (Sucre), Potosí y Paria, además el extenso litoral en el que se observa nítido el Puerto de Mexillones. La célebre Canción Patriótica Nacional, compuesta por Benedetto Vincenti en 1845, al que cada 18 de noviembre (mediante Resolución bi-ministerial) se le rinde honores en la Plaza Murillo. La curiosa Enciclopedia Histórica de Lessage (1826) que vaticina ya la creación de una nueva República denominada Alto Perú, independiente de Lima y Buenos Aires. La imponente obra de Pascual Ahumada Moreno sobre la Guerra del Pacífico (1898, en 9 tomos). La Recopilación de Víctor M. Maurtúa (23 tomos) y los 4 del Alegato boliviano compilados por Eliodoro Villazón y Bautista Saavedra, en el histórico juicio arbitral de frontera Norte con el Perú (1906).
La Hemeroteca Nacional se fue desarrollando paulatinamente. Hoy es la más completa y mejor conservada de La Paz, cuya utilidad para la investigación científica es crucial. En ella encontramos rarísimos títulos, como “El Iris” de La Paz (1829-1839), “El Duende” (1839), “El Correo de Encomiendas” (1839), “La Opinión” (1839), “La Tribuna” (1839), “El Investigador” (1839) y “El Atalaya de los Andes” (1839), “El Telégrafo” (1858-1864), “El Illimani” (1871-1872) y “La Reforma” (1871-1878), a los que se sumaron periódicos modernos en el siglo XX y XXI. Están también los 4.000 discos y los miles de cassettes de audio que recogen discursos parlamentarios, conformando un formidable archivo de registros sonoros desde 1940.
La Biblioteca y Archivo Histórico del Congreso Nacional enfrentó avatares propios de la agitada vida política nacional. En febrero de 2003, en el fragor desatado por los movimientos sociales que exigían el fin de los gobiernos conservadores, la multitud que salió en protesta por las calles de la ciudad de La Paz, incendió edificios emblemáticos del Poder político, que fueron sucumbiendo uno a uno: el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Económico, el Tribunal Permanente de Justicia Militar, la Casa Rosada (sede del MNR), la Casa de la Democracia (sede de ADN), la sede de UCS y del MIR. El edificio de la Vicepresidencia de la República, sufrió el rigor de un incendio, salvándose milagrosamente de ser devorada por completo por el fuego, gracias a la defensa del Portero y el personal de seguridad asignado a la institución. Cuando la televisión mostró las llamas consumiendo el segundo piso, conmovió a la población civil, y entre ellos a un puñado de estudiantes universitarios, quienes fueron arribando paulatinamente para custodiar la memoria histórica que atesora la Biblioteca y Archivo Histórico del H. Congreso Nacional. La sociedad paceña ama este Patrimonio nacional como suya propia.
A 95 años de aquella fecha histórica de su inauguración, los tesoros bibliográficos y documentales son innumerables, muchos de ellos únicos en su género, y algo muy importante, constituyen bases fundamentales de la identidad política e histórica de nuestra amada Patria. Hoy, la Biblioteca y Archivo Histórico del Congreso Nacional es una institución de primer nivel, dotada de tecnología de punta, con recursos humanos altamente calificados e idóneos, lo que constituye un orgullo para la Nación. Si ayer fue organizada para atender al Congreso, hoy está abierta a la sociedad, prestando su invaluable servicio a investigadores nacionales y científicos del mundo entero que generan nuevo conocimiento; así como a la sociedad civil, a las víctimas de la violencia estatal que buscaban el resarcimiento del Estado al daño ocasionado; al ciudadano de a pie, hombres y mujeres del pueblo, muchos de ellos iletrados, que llegan a nuestras instalaciones en busca de una copia legalizada que le garantice el goce pleno de sus derechos ciudadanos.
No podía ser de otra manera, pues en este sagrado recinto se garantiza en todo su alcance el derecho constitucional a la información pública y a la cultura.
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