Legislación

Publicado el 26 de Septiembre de 2006

Legislación archivística en Colombia

José Douglas Lasso Duque
Presidente de la Fundación Archiblios

Colombia tiene como privilegio la indudable fortaleza en el entorno cultural y archivístico en las regiones. El país cuenta con reconocimiento legal para el procedimiento y manejo de sus archivos, enmarcado en la Ley 594/2000, “Ley General de Archivos”, de conformidad con la Ley 80 de 1989 que creó el Archivo General de la Nación, la Constitución Política de 1991, la Ley General de Cultura, 397 de l997, su normatividad vigente y las recomendaciones del Concejo Internacional de Archivos, ICA/CIA/UNESCO

Fundamento metodológico y pedagógico conceptual, que aborda coherentemente los principios de organización de los documentos y determina el importante papel del estado frente al tratamiento, la custodia, difusión y salvaguarda del patrimonio documental y cultural del país, como recursos indispensables para la toma de decisiones administrativas consagrados, en:

• Los derechos a la información, tanto a las entidades públicas y privadas como a los ciudadanos en general.
• La vida económica y social, la Investigación Científica, Cultural e Histórica.
• La administración, gracias a la reducción de sus gastos generales.
• Al gobierno, como fuentes de información privilegiadas.
• Al estado, como custodios de los títulos de su soberanía.
• La nación, como su memoria.
• La comunidad internacional, como parte inalienable del patrimonio de la Humanidad.

Ahora bien, los Estados que están en busca de su identidad propia y que desconocen lo autóctono, padecen en cierto sentido perturbaciones de comportamiento nacional manifiestas en lo cívico, social y comunitario, que sólo podrán eliminar si llegan a conocerse mejor”. Bruno Delmas 1974.

En consecuencia, los archivos son el reflejo de la actuación jurídico-administrativa y soporte testimonial de las actividades institucionales. Cuando perecen los valores documentales primarios y su carácter de gestión y tramite, algunos documentos se convierten en esenciales para la cultura, la investigación, el estudio de la historia y del desarrollo de los pueblos. Velar por la disponibilidad de la información, por el cuidado de los documentos, independientemente de cual sea su soporte, esta garantizada mediante la disposición final de los mismos; es entre otros procesos, los que se regulan en la Ley General de Archivos.

Frente a la importancia que representa este avance en el entorno archivístico del país, es necesario el fortalecimiento del articulado expuesto en la Ley, dado el vació existente para la regulación de la profesión del archivista, es decir, el accionar y perfil de los ejecutores de las actividades de archivo: Los Archivistas.

Los archivos son definidos en el contexto jurídico y administrativo colombiano, dada la significación que tienen como herramienta invaluable en el desarrollo de los principios esenciales de la función del Estado. Contrariamente, no hay énfasis sobre la necesidad de aplicar el ejercicio profesional bajo elementos fundamentales de moralidad y ética. ¿Cómo cumplir la misión encomendada a los archivos sin asociar directa e ineludiblemente el ejercicio de la profesión?

Los antecedentes de estas preocupaciones se remontan a mediados de la década de los ochenta, cuando “Archiblios”, Fundación Colombiana para la Conservación y Desarrollo de la Archivología la Bibliotecología, la Informática, la Documentación y la Epistemología, realizaba ingentes esfuerzos por convocar a una reflexión nacional para identificar la importancia de los archivos como lengua natural de la Administración y reflejo cultural, histórico y social de los colombianos. Ya desde ese entonces, se hacía evidente la falta de una ley de archivos.

El Estado social de derecho, concepción fundamental en la sociedad actual, permite concluir que los archivos juegan un papel vital para la garantía de los derechos consagrados constitucionalmente; son parte natural e intrínseca de la actuación administrativa y testigos fidedignos de la cultura, el arte y la historia. El ordenamiento y adopción de la Ley General de Archivos para Colombia, ha supuesto un avance significativo en búsqueda de aplicación de una normatividad y procesos técnicos para la producción, trámite, consulta y conservación de los documentos de carácter archivístico, reflejo de las actuaciones funcionales del Estado. De otra parte, La Ley garantiza los archivos del futuro, como raíces de la identidad y el sentido de pertenencia Nacional; en una democracia como esencia de la transparencia administrativa en un Estado Social de Derecho, permitiendo que la administración pública avance en la lucha contra la corrupción y logre probidad en la toma de decisiones sobre bases ciertas y de manera oportuna en el servicio al ciudadano.

La iniciativa que hoy nos convoca, de cara al surgimiento de una ley -Proyecto de ley 163/2005 Cámara- asociada a la profesionalización del personal de archivos, emprendida bajo la acertada dirección de los Honorables Representantes a la Cámara: Dr. Luis Antonio Cuellar, autor; Dr. Pedro María Ramírez R., primer ponente; Dr. Alonso Acosta Osio, segundo ponente, se plantea como un espacio de significativo complemento. Se proyecta bajo estrictos lineamientos de concepto y estrategia, para fortalecer el desarrollo reglamentario de la Ley General de Archivos en Colombia, toda vez que adicionalmente a las acciones de tratamiento organizado de fondos documentales, se suma el ejercicio de la profesión por personal capacitado y especialmente con formación en las Ciencias de la Documentación, la ética y un procedimiento disciplinario para regir la custodia y organización con principios de transparencia y equidad en la administración pública y privada.

Veinte años de arduo trabajo en Colombia, de los archivistas y “archiblios”, han visto crecer y florecer un régimen normativo y una institucionalización para los archivos, lo que alienta una propuesta para la reglamentación de su ejercicio profesional de la disciplina archivística, considerados por muchos como un lujo relativamente barato y reservado a un reducido número de eruditos; y, por otros, estimados a veces inútiles debido al desconocimiento que se tiene de su importancia y su destino; desarrollo metodológico y pedagógica de procedimientos técnicos, coexistente con un Código Deontológico, para quienes ejerzan funciones asociadas a los documentos de archivo. Es una sociedad indisoluble la necesidad de la Ley, es una manifestación expresa de estos lineamientos y regulaciones, haciendo de la técnica y profesión del archivista un requerimiento obligado para cimentar su “status” y eficiencia en el ejercicio de sus actividades, la sociedad de la Información, la Ciencia de la Documentación y de la administración del conocimiento.

Finalmente destacamos nuestra gratitud y la amistad establecida con la Fundación Ciencias de la Documentación y el Convenio de Colaboración internacional con el propósito de la socialización general para Hispanoamérica de las disposiciones legales de nuestros archivos, entre ellos Colombia, con la misión principal de establecer proyectos para el desarrollo social de los mismos y de los archivistas de nuestros pueblos en particular y de las Ciencias de la Documentación e Información a nivel mundial en general.

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