Administración y Gobierno

Publicado el 1 de Noviembre de 2009

España paraíso de la corrupción por falta de información

José Raúl Vaquero Pulido
Presidente de la Fundación Ciencias de la Documentación

Como todos los domingos, y después de un pausado desayuno, me dedico a la lectura de los periódicos nacionales y locales, donde hoy aprecio como tema común la corrupción que en España se extiende a todos los partidos, refugiados en el urbanismo y los servicios, dañando injustamente la labor de todos y cada uno de los entes administrativos y más de ocho mil ayuntamientos españoles que sin duda hacen una gestión honrada de sus recursos.

Sesudos columnistas de todos los periódicos comparten sus reflexiones sobre esta lacra que desangra a la democracia en España, abordándola desde diversos puntos de vista (fundamentalmente jurídico, económico y político), todos ellos acertados por tratarse de un problema que como un caleidoscopio muestra su imagen final desde distintos espejos reflejados, pero que sin embargo, y a mi parecer, olvidando lo que realmente importa en democracia que es la participación del ciudadano como auditor de la gestión pública.

Nada más peligroso para una democracia que el hecho de que sus ciudadanos comiencen a “pasar” de la misma, de que consideren la corrupción como algo normal y consustancial con la política, de que no exista forma de diferenciar los “buenos” y los “malos” incluso dentro de un mismo partido, y lo que es más importante, de que se sientan espectadores del enriquecimiento de un ejército de saqueadores sin posibilidad de participar activamente en su eliminación y control.

Muchos corruptos se afanan a la esperanza expresada por Asa Larsson de que “las personas tienden a olvidar pronto los crímenes y la corrupción”, o a la idea extendida de que la corrupción es inherente a la condición humana y por tanto no se puede hacer nada al respecto. Pero nada más alejado de la realidad, la corrupción es un problema que tiene en la transparencia y el acceso a la información pública su mejores aliados.

El derecho de acceso a la información es un derecho humano reconocido por el derecho internacional y por numerosas constituciones y leyes nacionales en todo el mundo, por lo que es inconcebible, con la que está cayendo, que España y Grecia sean los dos únicos países de la Unión Europea que no tengan regulado este derecho. España necesita urgentemente una ley de transparencia que regule las normas de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos para recabar información de forma igualitaria, independiente, sencilla, rápida, gratuita, apoyada en las tecnologías, y donde las unidades de información (entendidas estas como los espacios que custodian y gestionan la documentación administrativa e histórica de la entidad pública), se conviertan en la memoria cultural viva de los ciudadanos.

En definitiva, la corrupción que asola España de norte a sur, y de este a oeste, puede frenarse estableciendo una nueva cultura (pasar de la cultura del secreto a la cultura de la transparencia) y educación ciudadana, ligada con habilidades informacionales, donde el ciudadano tenga capacidad de preguntar e indagar a cualquier administración pública cómo se toman las decisiones y la forma en que se gasta su dinero sin tener que justificar para qué se pide la información, y siempre sustentado en una adecuada organización y clasificación documental realizada por profesionales en unidades de información modernas, con los medios tecnológicos oportunos para facilitar esta labor de lucha contra la corrupción.

No nos engañemos, la corrupción no es un mal con el que debamos vivir o contra el que no podamos hacer nada; esconder la cabeza como el avestruz no nos ayudará a mejorar nuestra calidad de vida. La corrupción se combate con la transparencia, corriendo los velos y dejando toda la información abierta al escrutinio público, lo que se traducirá en más democracia, más efectividad, menos demagogia, menos burocracia y menos negligencia.

¿Interesa cambiar el sistema a los que se están beneficiando del mismo? Urge que así sea por el bien de nuestra democracia.

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